Artículo 75 bis último párrafo, El plebiscito el referéndum y la iniciativa popular son mecanismos de participación ciudadana. Su organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados es una función estatal que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, son medios de consulta popular: el plebiscito, el referendum, el referéndum constitucional y la iniciativa popular; correspondiendo al Instituto organizar los procedimientos respectivos, balo los principios establecido en el apartado E del artículo 16 de la Constutución.

Artículo 6.- La organización y desarrollo de los medios de consulta popular, se implementarán sin que se altere la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular instituida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado.

Artículo 7.- No podrá realizarse procedimiento alguno de consulta popular, dentro de los plazos previstos en la Ley Electoral para la organización de los procesos electorales.

Artículo 9.- Son sujetos de la presente ley, los siguientes:

• Los Ciudadanos yucatecos;
• El Ejecutivo del Estado;
• Los Ayuntamientos, y
• El Congreso del Estado

Artículo 14.- Corresponde al Tribunal conocer de los recursos de apelación e inconformidad, en los términos de esta Ley y en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en lo conducente.

Artículo 15.- Es objeto de Plebiscito, obtener la opinión de los ciudadanos sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Municipios; calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés social, dentro de las que se encuentran:

• En el Poder Ejecutivo
• La creación de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la población maya-hablante;
• La construcción de infraestructura física;
• La Planeación del Desarrollo Estatal y Regional;
• Las Políticas de preservación del medio ambiente;
• La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas;
• La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público, y
• Los programas de salud pública, educación, y patrimonio artístico e histórico.
• En el Poder Legislativo:
• La creación, fusión y supresión de municipios;
• La aprobación sobre la formación de nuevos Estados o territorios;
• El arreglo de límites municipales, y
• El contenido de la Agenda Legislativa.
• En los Municipios:
• El otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios públicos municipales;
• La contratación de deuda pública;
• La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
• Las políticas de preservación del medio ambiente;
• La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas
• El cambio de denominación del Municipio, y;
• Los programas de salud pública, educación, y patrimonio artístico e histórico.

Artículo 16.- La trascendencia de las políticas públicas y actos de gobierno, se determinará con base a los criterios siguientes:

• Sus efectos jurídicos;
• Sus consecuencias económicas, políticas y sociales;
• La magnitud e impacto del beneficio o perjuicio a la sociedad en general o a un sector social mayoritario, y;
• Su sustentabilidad en el Estado, Región o Municipio.

Artículo 17.- No son materia de Plebiscito, las políticas públicas y los actos gubernamentales siguientes:

• Los que realice la autoridad por ministerio de ley o mandato de autoridad judicial;
• El nombramiento o destitución de servidores públicos, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los Municipios, y
• Las que se hayan ejecutado, y cuyos efectos no puedan revertirse.

Artículo 18.- Corresponde el derecho de pedir la realización de un Plebiscito respecto de los actos mencionados en el artículo 15 de la presente Ley, a:

• Los ciudadanos;
• El Gobernador del Estado;
• El Congreso del Estado por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, y;
• Los Ayuntamientos, por acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo.

Artículo 19.- Para pedir la realización de un Plebiscito, se requerirá la participación de los ciudadanos, conforme a los siguientes porcentajes:

• Tratándose de actos o acciones del Ayuntamiento, o del Poder Ejecutivo del Estado con impacto en uno o más Municipios:
• El 10% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten hasta con 3,000 ciudadanos;
• El 8% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten hasta con 5,000 ciudadanos;
• El 6% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten hasta con 10,000 ciudadanos;
• El 4% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten hasta con 20,000 ciudadanos;
• El 3% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten hasta con 50,000, y
• El 2% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, en los Municipios que cuenten con 50,000 en adelante de ciudadanos.
• Tratándose de actos o acciones del Ejecutivo del Estado con impacto en todo el territorio estatal, se requerirá el 2% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores del Estado.

Artículo 20.- Toda petición de Plebiscito, contendrá lo siguiente:

• Mención del acto o acuerdo;
• Motivos por los que se considera debe someterse a consulta;
• Autoridad emisora del acto o acuerdo;
• Cuando la petición sea presentada por los ciudadanos, contendrá además lo siguiente:
• Copia de la credencial para votar con fotografía;
• Relación del nombre de los solicitantes, domicilio, Municipio, clave de elector, folio de la Credencial de Elector y Sección Electoral, y firmas;
• Señalar el nombre del representante común, y;
• Domicilio para oír notificaciones. Si no se señala representante común, se entenderá como tal a quien encabece la relación. En caso de no señalar domicilio, toda notificación se hará en estrados del Instituto.
• En el caso de que sea la autoridad quien realice la petición, remitirá además copia certificada de la documentación que sustente su propio acto o acuerdo. Tratándose de los Municipios, dicha petición requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo.

Artículo 21.- Para que la petición de Plebiscito sea admitida, será necesario:

• Que sea presentada ante el Instituto, cumpliendo con los dos artículos anteriores;
• Que los actos que pretenda realizar la autoridad, se refieran a las materias previstas en el artículo 15 de la presente Ley;
• Que sea presentada dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del Catálogo, y
• Que el acto no se haya ejecutado definitivamente o sea de imposible reparación, tratándose de obras públicas.

Artículo 22.- Las etapas del procedimiento consisten en:

• Preliminar
• Previa;
• De preparación;
• De la jornada de consulta, y;
• De los resultados, declaración de validez y efectos

Artículo 29.- Los interesados presentarán la petición ante el Instituto, dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la última publicación del Catálogo; salvo que se trate de políticas públicas o actos del Ejecutivo del Estado con impacto en todo el territorio estatal, en cuyo caso el plazo, será de 45 días naturales.

Cualquier acto o acción gubernamental no contemplada en el Catálogo, podrá ser sometida a consulta conforme a esta Ley.

Artículo 40.- La jornada de consulta será determinada por el Instituto conforme a la naturaleza de la petición y su nivel de impacto; mismo que será publicada en la convocatoria respectiva.

Durante la jornada de consulta los ciudadanos acudirán a expresar su opinión, pronunciándose por el “SI” o por el “NO”, en caso de que estén a favor o en contra de los actos y acciones gubernamentales sujetos a plebiscito.

Artículo 42.- El cómputo de la consulta, consistirá en la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo, correspondiente a cada uno de los Centros Receptores instalados, según se trate de un procedimiento municipal o estatal.

Artículo 46.- El Instituto en un término de tres días posteriores al de la sesión de escrutinio y cómputo, notificará el resultado de la consulta y sus efectos, a la autoridad emisora y los promoventes; publicándolo a su vez en el Diario Oficial del Estado, o en su caso, en la Gaceta Municipal respectiva; así como en un periódico de mayor circulación en el Estado.

El incumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior, será causa de responsabilidad administrativa.

Las disposiciones de la Ley Electoral, serán de aplicación supletoria, en cuanto no contravengan a la Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán. (Artículo 8 de la Ley de participación ciudadana)